Las actualizaciones de software han dejado de ser un concepto reservado a móviles y ordenadores para formar parte del mantenimiento habitual de un vehículo moderno. Desde la gestión del motor hasta los asistentes avanzados de conducción, buena parte del funcionamiento depende de módulos electrónicos que requieren revisiones periódicas.
Pero con esta nueva realidad llegan dudas razonables: ¿son obligatorias todas las actualizaciones que pide el fabricante? ¿Qué ocurre si un usuario decide no instalarlas? ¿Afecta esto a la garantía o a la responsabilidad del propietario en caso de avería? La normativa y las políticas de marca empiezan a aclarar un terreno que aún está en desarrollo.
La clave está en distinguir entre las actualizaciones voluntarias (mejoras de rendimiento, ampliación de funciones o cambios en los sistemas multimedia) y aquellas consideradas obligatorias por estar relacionadas con la seguridad del vehículo. Estas últimas son como una revisión más, que en lugar de cambiar pastillas de freno o un airbag defectuoso, interviene sobre el software que influye en la estabilidad, los frenos, el control del motor o los asistentes ADAS. Su implantación puede realizarse tanto en taller como vía OTA (se manda de forma inalámbrica a tu coche, a través de internet), sin intervención física del usuario.
¿En qué casos hay que actualizar obligatoriamente?
Las actualizaciones pasan a ser obligatorias cuando están vinculadas a un problema que puede comprometer la seguridad del vehículo o el cumplimiento de las homologaciones. Esta obligación deriva principalmente del Reglamento (UE) 2018/858 sobre la supervisión del mercado de vehículos y del reglamento de ciberseguridad UNECE R155/R156, que exige mantener el software actualizado para garantizar su integridad y protección frente a las vulnerabilidades.
Si una marca detecta un fallo en un componente que dependa de software, está obligada a emitir una campaña de actualización. Estas campañas funcionan igual que cualquier llamada a revisión: el fabricante debe notificar al propietario y cubrir por completo el proceso.
Muchas marcas envían parches automáticos que el usuario solo tiene que aprobar desde la pantalla del coche. Sin embargo, incluso si la instalación se produce en remoto, sigue siendo un proceso equiparable a una revisión oficial. Negarse a instalar una actualización obligatoria no suele tener consecuencias legales directas, pero sí puede comprometer coberturas de garantía o de responsabilidad civil si la avería posterior guarda relación con la actualización pendiente.
¿Puedes perder la garantía?
La garantía está directamente vinculada al cumplimiento del plan de mantenimiento, y en los coches actuales ese plan incluye actualizaciones importantes de software. Si un vehículo presenta una avería relacionada con un módulo que debía haber sido actualizado, la marca puede considerar que no existe defecto de fabricación, sino falta de mantenimiento por parte del dueño del coche. Esto es especialmente relevante en sistemas ADAS, control del motor y gestión electrónica de la carga en vehículos eléctricos.
En cambio, las actualizaciones que añaden funciones nuevas, como hemos comentado antes, suelen ser opcionales. El usuario puede decidir no instalarlas sin perder la garantía, siempre que no afecten a sistemas esenciales.
También hay que tener en cuenta la trazabilidad. Los fabricantes registran cada actualización asociada al número de bastidor, y en caso de diagnóstico de avería, el historial software se revisa igual que las revisiones mecánicas. Además, la normativa de ciberseguridad obliga a que cada marca mantenga un control estricto de versiones instaladas para garantizar que el vehículo cumple los requisitos de protección a lo largo de su vida útil.
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