Los coches modernos actualmente son mucho más que una herramienta de movilidad a nuestro servicio. Desde que la tecnología se alzó como una parte fundamental de ellos, son auténticos centros de datos que recopilan y procesan una enorme cantidad de información cada vez que el coche acelera, se frena o se conecta a un móvil. Esta información se termina transmitiendo a servidores externos, dando lugar a un debate cada vez más importante: ¿quién es el propietario de esa información y hasta qué punto pueden usarla?
La digitalización de la automoción ha traído avances innegables, como una navegación más precisa, mantenimiento predictivo, servicios en la nube o los populares sistemas multimedia CarPlay y Android Auto. Sin embargo, también ha creado un ecosistema en el que millones de automóviles comparten información de forma continua, muchas veces sin que el usuario sea consciente del alcance de esa transmisión.
Qué datos recopilan los coches y con qué finalidad
Cada marca gestiona sus sistemas de manera distinta, aunque existen patrones comunes. Los coches conectados almacenan tres grandes tipos de datos: los generados por el propio vehículo, los que se derivan del comportamiento del conductor y los relacionados con la localización.
Entre los primeros se incluyen los parámetros técnicos, como son el consumo, la presión de los neumáticos, el estado de la batería o los kilómetros recorridos. Estos datos son esenciales para los servicios de mantenimiento, la asistencia en carretera o el control de garantías. Los segundos se refieren a cómo se conduce, es decir, las aceleraciones, las frenadas, el uso del cinturón o los hábitos de conducción en distintas condiciones. Algunos fabricantes, como Tesla, BMW o Mercedes-Benz, utilizan esta información para mejorar sus sistemas de seguridad o perfeccionar la conducción asistida mediante inteligencia artificial.
El tercer grupo suele ser el que más preocupa a los usuarios, y tiene que ver con la localización. Los vehículos equipados con GPS envían datos sobre rutas, tiempos de viaje o zonas habituales de estacionamiento. En ocasiones, esa información se usa para ofrecer servicios al conductor, como avisos de tráfico o recomendaciones de carga en eléctricos, pero también puede emplearse con fines comerciales o estadísticos.
Marcas como Volkswagen, Volvo o Renault aseguran que aplican políticas de anonimización y cifrado que impiden vincular los datos a una persona concreta. Sin embargo, varias organizaciones de defensa del consumidor en Europa, como BEUC o la OCU, han advertido de que la trazabilidad del vehículo puede revelar hábitos personales, como el domicilio, los horarios o los trayectos que se suelen hacer frecuentemente, algo que entra en el terreno de la privacidad.
¿Quién controla esos datos?
El Reglamento General de Protección de Datos establece que cualquier información que pueda identificar directa o indirectamente a una persona se considera dato personal, y por tanto, su tratamiento debe cumplir con los principios de consentimiento, transparencia y finalidad legítima. En el caso de los coches, esto se traduce en que el conductor debe ser informado de qué datos se recogen, con qué propósito y durante cuánto tiempo se almacenan.
La mayoría de fabricantes incluye esta información en los términos del contrato o en la aplicación móvil asociada al coche. Sin embargo, estos documentos son tan extensos que la gran mayoría de las veces se aceptan sin leerlos en detalle. Por eso, la Comisión Europea trabaja desde hace años en un marco común que garantice que los datos generados por los vehículos sean accesibles para el propio propietario y, al mismo tiempo, no puedan usarse sin su consentimiento explícito por parte de fabricantes o aseguradoras.
Además, el Parlamento Europeo ha impulsado una propuesta para que los datos del coche pertenezcan legalmente al usuario, no al fabricante. De este modo, el propietario podría decidir si desea compartirlos con su taller, con su compañía de seguros o con aplicaciones de movilidad, evitando que los fabricantes monopolicen la información, y se conoce como Ley de Datos o Data Act.
Menos mal que la UE se ha puesto las pilas, aunque ya veremos si la Ley de Datos sirve para algo más que decorar el BOE.