La obligatoriedad de la baliza V16 conectada en España, que ya sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia desde el 1 de enero, podría enfrentarse a un problema jurídico en el ámbito europeo. La Comisión Europea ha advertido de que el Gobierno español no notificó correctamente esta normativa conforme al procedimiento exigido por la legislación comunitaria, lo que podría derivar en consecuencias legales.
El aviso llega tras una pregunta parlamentaria en el Parlamento Europeo y no implica, por ahora, la anulación automática de la norma. Sin embargo, sí abre la puerta a un posible procedimiento de infracción y, en un escenario más complejo, a que los tribunales españoles puedan dejar de aplicar la obligación si consideran que vulnera el derecho de la Unión.
¿Qué ha dicho Bruselas?
El núcleo del problema no es la baliza V16 en sí misma, sino el procedimiento seguido para hacerla obligatoria. Según la Comisión, España no notificó formalmente el Real Decreto que regula este dispositivo conforme a la Directiva (UE) 2015/1535, que obliga a los Estados miembros a comunicar cualquier proyecto de reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior.
¿Por qué es relevante? Porque imponer un dispositivo concreto con especificaciones técnicas nacionales, como en este caso, una baliza luminosa conectada con la plataforma de la DGT y con requisitos específicos de homologación, puede considerarse una medida que afecta a la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea.
Si un Estado miembro introduce requisitos técnicos sin notificarlos previamente, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción con base en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido debidamente notificados.
En términos prácticos, no es que la baliza deje de ser obligatoria ya mismo, pero sí existe un riesgo jurídico si se confirma que el procedimiento fue incorrecto.
¿Cómo afecta al conductor?
Desde el punto de vista del usuario, la pregunta clave es si esta advertencia cambia algo a corto plazo. La respuesta, por ahora, es que no. La normativa española sigue en vigor y el calendario no se ha modificado, por lo que desde el 1 de enero de 2026 solo son válidas las balizas V16 conectadas y certificadas.
No obstante, el aviso europeo podría cambiar la situación. Si la Comisión decidiera abrir formalmente un procedimiento de infracción y este prosperara, España podría verse obligada a modificar la normativa o incluso a replantear la obligatoriedad tal como está diseñada actualmente.
También podría darse el escenario de que un juez español, ante un litigio concreto, decidiera no aplicar la norma por falta de notificación previa. Esto no supondría automáticamente la desaparición del sistema, pero sí generaría un conflicto jurídico relevante. Conviene distinguir, además, entre la seguridad vial como objetivo legítimo y el mecanismo jurídico utilizado para imponer el dispositivo. La Comisión no cuestiona la finalidad de mejorar la señalización de emergencias en carretera, sino el posible incumplimiento del procedimiento formal europeo.
Desde una perspectiva técnica y de mercado, el trasfondo es evidente: la obligación de utilizar un modelo conectado a una plataforma nacional específica puede limitar la competencia si no se ha coordinado previamente con el marco europeo.
Por tanto, el aviso de Bruselas no invalida automáticamente la baliza V16 obligatoria, pero sí abre un debate jurídico que podría desembocar en ajustes normativos por parte de la DGT y España. Mientras tanto, la regulación española, con la baliza V16 a la cabeza, sigue plenamente vigente y los conductores deberán adaptarse al calendario previsto, al menos hasta que exista una resolución formal en el ámbito comunitario.