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Consecuencias penales del fraude en las aseguradoras

 
El fraude en las aseguradoras alcanza cifras escandalosas y aún más a raíz de la actual situación económica. Según cifras de ICEA, el fraude neto en euros evitado en 2010 alcanzó los 341,1 millones de euros y el coste inicial reclamado en los casos de fraudes alcanzó los 485 millones de euros, cifras más que considerables para que las compañías diseñen modelos de actuación y persecución para este tipo de fraudes, algo por desgracia cada vez más común. Este aumento de fraudes resulta especialmente acentuado en el seguro de automóvil: hay que tener en cuenta que casi el 78% de fraudes se llevan a cabo en esta categoría de seguros.

Ante tal panorama, las compañías recurren a investigaciones privadas para la obtención de pruebas que permitan identificar el fraude pero, por desgracia, esto muchas veces se convierte en una ardua labor y no termina de dar frutos. Los casos más comunes de fraude tienen que ver con la ocultación de información o suministro de información falsa para favorecer la versión de los hechos, simular un siniestro que realmente no ha ocurrido para cobrar una indemnización o exagerar las consecuencias del siniestro para aumentar la cuantía de la compensación.

En muchos casos, el defraudador no es consciente de que las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que cree, incluso penales. A menudo las penurias económicas, la ausencia de reproche social o la respuesta, en general, muy lenta de las aseguradoras, animan a defraudador a emprender sus acciones.

Las consecuencias pueden ser múltiples, desde la rescisión de la póliza de seguro e identificación del asegurado fraudulento dentro de la base de datos de la compañía de seguros hasta la acusación por un delito de estafa, pasando por la pérdida del derecho a la indemnización. La situación más graves¡ de este tipo de hechos es la consideración como delito de estafa tipificado en el Código Penal, pudiendo acarrear fuertes multas o incluso la cárcel.

Más información del delito de estafa

Los delitos de estafa se encuentran castigados con penas de prisión de tres meses a tres años si la cantidad estafada supera los 400 euros. Las penas pueden ascender hasta seis años en determinados casos, como una cantidad estafada muy elevada o el abuso de la confianza de la víctima o de su firma.

Escrito por Marco Esteban. Pertenece a Esteban Abogados Penalistas, un despacho de abogados penales altamente especializados en Derecho Penal.

Fuente: www.abogado-penalista.es

      

 
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